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La falta de tratado de extradición dificulta la lucha contra el crimen transnacional, ya que los delincuentes pueden escapar de la justicia al refugiarse en países que no tienen acuerdos de extradición con otros países.

Sin acuerdos formales que permitan la entrega de los delincuentes, puede ser más difícil para los países trabajar juntos en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos transnacionales.

Los requisitos que se deben cumplir para formular una solicitud de extradición nacen de los Tratados Internacionales en la materia y a falta de éste, en lo dispuesto por la Ley de Extradición Internacional, así como en el principio de reciprocidad internacional.

Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos

El capítulo IV lleva por título "México y la extradición". En este apartado se parte del argumento de que los tratados internacionales son la principal fuente de la extradición, por tanto, es necesario conocer la posición que guardan dichos instrumentos jurídicos dentro del sistema de fuentes de un Estado. Para el caso mexicano, se analiza el artículo 133 constitucional a la luz de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó sobre dicho numeral en 1999, llegando a la conclusión de que fue atinada la postura de la SCJN, al establecer que los tratados internacionales se encuentran inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales.

El caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán es un ejemplo de la complejidad del proceso de extradición a México. A pesar de los recursos legales presentados por su defensa, Guzmán fue finalmente extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por varios delitos.

Sólo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la Parte requerida, bien para justificar el enjuiciamiento del reclamado si el delito del cual se le acusa hubiese sido cometido en el territorio de la Parte requerida, bien para probar que es la misma persona condenada por los tribunales de la Parte requirente.

En segundo lugar, se realiza un amplio recuento histórico de las conferencias y convenciones internacionales en materia de extradición o relacionadas con el tema, celebradas durante los siglos XIX y XX, tanto a nivel mundial como a nivel regional, resaltando los esfuerzos realizados en el continente americano para lograr la sistematización de las normas que regulan el procedimiento de extradición.

El procedimiento de extradición puede ser largo y complejo, ya que se deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, la persona acusada tiene derecho a defenderse y a impugnar la solicitud de extradición.

Por lo que se continúa con esta etapa hasta que la resolución de CONDEDIDO o NEGADO se encuentre firme. Si la resolución es positiva se continúa con el procedimiento de extradición, en caso contrario, se concluye el mismo y se deja en libertad Check This Out al reclamado.

Si se determina que se cumplen los requisitos, se emite una resolución en la que se autoriza la extradición. La persona a extraditar tiene entonces la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante un tribunal mexicano, el cual puede conceder o negar la extradición.

Las relaciones bilaterales entre los dos países se han caracterizado por su respeto, amistad y franqueza. Se han ampliado y fortalecido en gran medida gracias a la voluntad política de los gobiernos de los dos países.

A la par de los artilugios jurídicos a los que pueden recurrir tanto los Estados como los propios individuos reclamados para conseguir o evitar la extradición, existen prácticas extrajurídicas ampliamente utilizadas por los gobiernos para allegarse de manera rápida de los individuos reclamados; tales prácticas son la entrega informal y el secuestro transfronterizo. En el primer caso, los Estados acuerdan la entrega o intercambio de delincuentes al margen del ordenamiento jurídico aplicable.

A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción common, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia universal marcha con have a peek here lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho have a peek at this web-site principio.

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